POR LA NACIÓN

Las imágenes que quedaron al margen de la investigación fiscal sugieren inescrupulosos movimientos de evidencias en la escena del crimen. Acomodaron hasta cartucho alrededor del cuerpo de Rodrigo Quintana.

Eran las 00:33 de aquella fatídica madrugada del 1 de abril del 2017, el cuerpo de Rodrigo Quintana yace en el piso del pasillo de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), hacía 11 minutos que recibió una bala de escopeta en la cabeza. Se observa en imágenes la desesperación de varias personas, periodistas que entran y salen, la escena del crimen está saturada. Sangre por todas partes.

Un movimiento raro y sospechoso se observa en las imágenes de un hombre con saco azul, que aparentemente es guiado por uno que no aparece en el plano de la cámara 1 del pasillo y le pide moverse hacia delante, hacia un costado, justo donde cayó uno de los cartuchos servidos, el que posiblemente mató a Quintana.

El hombre de saco pisa un objeto, presumiblemente el cartucho, luego ya aparece en plano el hombre con quien estaba hablando, quien lo estaba guiando. Uno con camisa azul está de espalda. Arrastra el cartucho más hacia el cuerpo inerte de la víctima, que aún estaba en el piso.

El sujeto en cuestión sería el custodio de una autoridad liberal, sería de un parlamentario. Aparentemente sería un agente policial destinado como guardia de seguridad de un congresista.

Al observar detenidamente las imágenes se observa que todo el movimiento que tuvo este hombre fue de manera intencional, toda la acción fue para tapar y arrastrar con los pies el cartucho servido, alterando también dicha evidencia.

Esta también es una de las personas que nunca fueron convocadas para una declaración testifical por lo menos.

Ricardo Estigarribia, abogado de Gustavo Florentín, asegura que con todas las imágenes se desvirtúa toda la investigación fiscal.

“CONSTITUCIONALISTAS”

Los “fanáticos” seguidores de Efraín Alegre, que aquel 31-M destrozaron lo que encontraban a su paso, son precisamente los que realizaron extraños cambios en la escena del crimen de Quintana.

Los vídeos son contundentes. A la 1:41:10, Fernando Cáceres, quien según fuentes es un conocido del movimiento escrache y seguidor liberal, se sienta al pie de la escalera y cambia el cartucho original percutido por otro y segundos después se retira de la escena y va afuera.

Su compañera Olga Paredes continúa con la tarea, arrastró el cartucho cambiado por Cáceres con sus pies, desde la base de la escalera hasta muy cerca de donde cayó Rodrigo Quintana, a pedido de Mabel Cantero, quien estaba subiendo por la escalera. Esto ocurrió entre la 1:43:10 y la 1:43:30.

Las movidas de los jóvenes liberales se suman a las mudanzas internas y escondite de computadoras que realizaban Efraín Alegre Irún, hijo del presidente de los liberales, y el polémico dirigente Stiben Patrón. Otra situación que pone aún más en duda la acusación fiscal que pesa sobre el suboficial Gustavo Florentín es que la vainilla que cae al momento del disparo contra Quintana es de otra escopeta, no de la sostenida por el acusado.

Un hombre con saco, presumiblemente al servicio de ex diputado, aparece en videos pisando un cartucho y arrastrándolo disimuladamente.

Para ex juez amerita una investigación

En un sentido general, el ex juez penal de Garantías y actual respetado abogado penalista Jorge Bogarín explica que por el simple hecho de existir una sospecha de una posible alteración de una escena del crimen, amerita que el juez haga una revisión del expediente procesal de cómo ingresaron las pruebas y que se haga una investigación. Es en el caso de Rodrigo Quintana, quien fue asesinado en la madrugada del 1 de abril del 2017.

El profesional del derecho manifestó que toda alteración cambia en la investigación si una prueba entra al proceso de manera ilegítima. No se pueden generar pruebas con cualquier cosa, como por ejemplo intervenir una comunicación sin autorización judicial o torturar a un testigo o alterar una escena del crimen.

Para Bogarín, el juez es quien tiene que velar por el proceso, tiene que ser el contralor de todo lo que entra y cómo entra en la carpeta judicial. El juez penal de Garantías tiene que mantener la transparencia y la claridad de todos los elementos que pueden servir en la investigación.

Si es necesario, al saltar elementos nuevos, como lo que apareció ahora, nuevas imágenes, el juez debe hacer una revisión del proceso. Si en realidad las nuevas imágenes que aparecen están contenidas en la carpeta fiscal.

En otro momento también explicó que obligatoriamente el juez debe realizar el control correspondiente de que todas las pruebas hayan entrado con total claridad, que no tenga ninguna alteración.

Si por si acaso el juez hace caso omiso al pedido de la defensa, esta debería denunciarlo ante los estrados correspondientes.

El Ministerio Público también debe hacer un trabajo apegándose a las instrucciones legales, no probar un hecho punible con otro hecho punible.

“Si existen algunas irregularidades durante la investigación y la recolección de pruebas, el juez deberá excluir dichas pruebas en la instancia correspondiente, ya sea en una audiencia preliminar o en todo caso en un juicio oral”, dijo Bogarín.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.